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El Ejecutivo castellano-manchego carece de argumentos legales para no dar cumplimiento a la resolución de las Cortes Regionales en relación con los proyectos de minería de tierras raras

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El pasado 28 de septiembre, el diputado David Llorente, al amparo del artículo 13.2 del Reglamento de la Cámara, solicitó por escrito al Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un informe legal, firmado por el correspondiente Servicio Jurídico, "sobre la posibilidad o impedimento de llevar a efecto la resolución aprobada por la Cortes de Castilla-La Mancha en el Debate General relativo a la minería de tierras raras en la región, celebrado en la Sesión Plenaria del día 19 de mayo de 2016". 

En fechas recientes, la asociación ha tenido conocimiento directo del documento de respuesta remitido a su vez por el Director General de Relaciones con las Cortes José Mª Toledo Díaz, en el que afirma por escrito en respuesta al diputado de Podemos que "dicho informe, en los términos que se solicita, no obra en poder de la Administración Regional".  

Este hecho deja en evidencia a la Consejera Patricia Franco, que el pasado 10 de noviembre, durante el debate sobre el estado de tramitación de los proyectos de minería de tierras raras afirmó textualmente que la Ley "no permite" el archivo de los expedientes tras haberlo consultado "con muchísimos jurídicos" en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el Gobierno Regional y "en otros ámbitos profesionales". 

La realidad, sin embargo, es que la citada resolución de las Cortes Regionales, aprobada por mayoría absoluta, sólo puede ser entendida en un sentido, al instar al Ejecutivo autonómico, entre otros puntos a "adoptar las medidas necesarias para que se proceda al archivo de las actuaciones mineras de tierras raras en Ciudad Real afectadas por los informes negativos proporcionados por la Confederación Hidrográfica". 

Ante esta situación, Sí a la Tierra Viva considera que la Consejera debe dar de manera urgente una explicación pública y convincente ante tales hechos, pues una vez más ha quedado patente que la en apariencia "imposibilidad legal" de dar cumplimiento al mandato ciudadano de las Cortes Regionales no es más que una cortina de humo que en absoluto convence a la población afectada por los proyectos extractivos de Quantum Minería S.L., que nunca debieron tramitarse en estas condiciones y que en virtud del rechazo que han generado hace tiempo que tendrían que haber sido desestimados.

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