Solo se conocen el 10% de los casos de abuso sexual a menores, según datos aportados en una jornada de la Facultad de Derecho de ESADE
Esther Giménez-Salinas, catedrática en Derecho Penal de la Facultad de Derecho ESADE: "Las leyes contra el abuso sexual a menores han sido una solución fácil que no ha impulsado verdaderos cambios sociales."
El volumen de demandas sobre abuso sexual a menores ha pasado de menos de un centenar, en 2001, a seiscientos, en 2011. Y es que los datos apuntan que hasta el 20% de los menores de 17 años pueden haber sufrido abusos sexuales. Estas son algunas de las cifras que hizo públicas el cuadro de expertos que participó en la jornada "Juristas, médicos y psicólogos analizan la situación actual del abuso sexual a menores", organizada por la Facultad de Derecho de ESADE.
A pesar de la existencia de estos datos sobre la incidencia social y el perfil del abuso infantil, tanto médicos como psicólogos forenses y juristas destacaron la difícil cuantificación de estos delitos. En este sentido, según datos recientes aportados en la jornada, señalan que solo se conocen el 10% de los casos producidos.
En lo que al perfil de la víctima se refiere, las cifras apuntan que son las niñas de entre 6 y 13 años quienes más sufren este tipo de violencia. Según informes recientes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2011, el 73% de las víctimas fueron niñas menores de 13 años. El 83% de los casos juzgados alcanzaron una sentencia condenatoria contra los acusados, el 76% de los cuales eran parientes de la víctima.
Concienciación de cambios sociales
Para hacer frente a esta realidad, médicos, psicólogos y juristas especializados en el abuso sexual a menores reclamaron, durante la jornada, más agilidad en los procesos judiciales, así como medidas que eviten el enfrentamiento entre víctimas y agresores en las salas de los juzgados, y la creación de unidades coordinadas y especializadas en la atención a las víctimas.
Según Esther Giménez-Salinas, rectora de la Universitat Ramon Llull (URL) y catedrática en Derecho Penal de la Facultad de Derecho ESADE, estas reclamaciones se han usado como un "recurso político fácil" durante los últimos años. Por esto, la rectora y jurista recordó que, a pesar de los cambios normativos, "sigue pendiente un verdadero cambio social, que no se ha producido", para hacer frente al elevado volumen de casos de abusos sexuales a menores que siguen ocultos.
Necesidades de mejora en la atención a las víctimas
Los expertos reclamaron igualmente la unificación de los equipos de atención que actúan en estos casos (policías, magistrados, abogados, médicos pediatras, psicólogos forenses y asistentes sociales, entre otros), así como la necesidad de especialización de estos perfiles.
A modo de ejemplo, se expuso que en el Hospital de Sant Joan de Déu (centro especializado en atención pediátrica) solo dos de los 200 facultativos están especializados en este campo, y que únicamente hay seis especialistas en el Equipo de Asesoramiento Técnico Penal de los juzgados de Barcelona para atender a las 600 demandas presentadas en 2011.
Otra de las preocupaciones expuestas fue la necesidad de que, ante la dificultad que tienen los jueces de ordenar prisión preventiva durante los procesos judiciales, que se alargan de tres a siete años, se dicten órdenes de alejamiento. También se pidió que todos los jueces extiendan el uso de procedimientos menos violentos para las víctimas. En este sentido, se propuso que las declaraciones de los menores —técnicamente llamadas pruebas preconstituidas en la exploración judicial— fueran en entornos controlados y guiadas por psicólogos forenses especializados . "Que una víctima recuerde equivale, psicológicamente, a volver a sentir la experiencia y a reproducir la misma emoción dolorosa", explicó Jordi Bajet, psicólogo forense y responsable del Equipo de Asesoramiento Técnico Penal de los juzgados de Barcelona.
